El agua como botín

Mekorot, Palestina y los negociados en la Argentina de Milei

por Melina Schweizer

Como un hilo invisible que une el desierto con la cordillera, la historia del agua se teje con silencios, contratos y resistencias. En el centro de esta trama se encuentra Mekorot, la empresa estatal israelí que abastece el agua potable en su país, pero cuya sombra se extiende mucho más allá de sus fronteras. Acusada por organismos internacionales de violar derechos humanos en Palestina y denunciada por comunidades y organizaciones sociales en Argentina, Mekorot encarna una paradoja brutal: administrar el recurso vital por excelencia mientras es señalada por negarlo a millones de personas.

Mekorot: empresa estatal, instrumento de ocupación
Fundada en 1937, Mekorot es propiedad del Estado de Israel y actúa como el principal operador del sistema hídrico nacional. Se presenta como un ejemplo de tecnología, eficiencia y modernidad. Sin embargo, bajo esa fachada de progreso se oculta un entramado de poder, control y expoliación. Desde 1982, tras la ocupación de Cisjordania, Mekorot tomó el control de las fuentes hídricas palestinas y, según informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ha implementado una política de apartheid del agua: 80% del agua de la región es destinado a Israel y a los asentamientos ilegales, mientras que el pueblo palestino recibe apenas un 20%, muchas veces comprando su propio recurso a precio de mercado.
Las denuncias no son metafóricas. En 2020, Mekorot fue incluida en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre empresas cómplices en los asentamientos ilegales. Organizaciones como Al-Haq, PCHR y B’Tselem la señalan como cómplice de crímenes de guerra: pillaje de recursos naturales, destrucción de infraestructura civil, persecución y apartheid. La Corte Penal Internacional, si bien no ha iniciado un caso puntual contra la empresa, recibe desde 2018 documentación que la involucra como brazo ejecutor de políticas de ocupación y limpieza étnica.

Roles políticos clave: del agua privatizada al desprecio elitista
Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019–2023), bajo la coalición Frente de Todos, el entonces ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro (PJ) se convirtió en una pieza central en la articulación de acuerdos con Mekorot. Amparado en discursos de modernización y eficiencia, de Pedro facilitó convenios marco entre provincias argentinas y la empresa estatal israelí, sin promover instancias públicas de consulta, ni garantizar transparencia. Su rol fue decisivo en la legitimación institucional de una firma acusada internacionalmente por crímenes contra el pueblo palestino, todo bajo la lógica tecnocrática de la “cooperación internacional”. Su accionar, alineado con el kirchnerismo, se tejió en la discreción de los despachos y no en la deliberación de las calles.
Con el ascenso de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, los vínculos con Mekorot no sólo se mantuvieron, sino que fueron profundizados. La entonces canciller Diana Mondino (La Libertad Avanza) abrazó sin ambigüedades una política exterior de alineamiento automático con Israel y Estados Unidos, sin interpelar el prontuario de derechos humanos que pesa sobre la empresa israelí. En su gestión, el discurso tecnocrático viró hacia el fanatismo ideológico: todo lo que huela a Estado, soberanía o comunidad debía ser desmontado y entregado al mercado. En ese marco, los recursos hídricos —como el litio o el petróleo— pasaron a ser mercancías en bandeja, aptas para los negocios y blindadas por tratados internacionales de protección a las inversiones.
El clima político de entrega se expresó sin pudores ni eufemismos en foros internacionales. Fue en uno de ellos, el IEFA Latam Forum 2025, donde Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores de Milei y presidente del Consejo Nuclear Argentino, escupió una frase que, más que un desliz, fue una declaración de principios: “El problema de Argentina es que está poblada por argentinos”. La afirmación, pronunciada en inglés ante empresarios e inversionistas, reveló sin filtros el desprecio por el pueblo al que dicen gobernar. Reidel no hablaba solo; hablaba como portavoz de un modelo que entiende la democracia como obstáculo, el Estado como estorbo y los derechos como un capricho populista.
Allí, entre elogios al litio, la agricultura y los hidrocarburos, quedó claro que el recurso más molesto para esta élite es la gente. Y que, si de resolver “el problema argentino” se trata, la receta no es muy distinta a la que Mekorot aplica en Palestina: privatizar el agua, callar las resistencias y exportar el modelo del despojo.

El agua como botín: entre el extractivismo y la ocupación
Mekorot ha firmado convenios con más de diez provincias argentinas para «asesoramiento» y «cooperación técnica» en el manejo del agua. Estos acuerdos, en su mayoría firmados entre 2022 y 2024, incluyen cláusulas opacas, cesión de soberanía sobre los recursos hídricos y la posibilidad de someter disputas a arbitrajes internacionales. Es decir, privatización encubierta y entrega de bienes comunes en nombre de la «eficiencia hídrica».
Las provincias involucradas son Mendoza (gobernada por Alfredo Cornejo, UCR), Río Negro (Alberto Weretilneck, JSRN), Catamarca (Raúl Jalil, PJ), Tucumán (Osvaldo Jaldo, PJ), San Juan (Marcelo Orrego, JxC), La Rioja (Ricardo Quintela, PJ), Entre Ríos (Rogelio Frigerio, PRO), Misiones (Hugo Passalacqua, FR), Santiago del Estero (Gerardo Zamora, FC) y Formosa (Gildo Insfrán, PJ). Algunos de estos convenios fueron firmados en absoluta reserva, sin pasar por legislaturas provinciales ni audiencias públicas. El gobierno nacional de Javier Milei, lejos de oponerse, ha celebrado estos acuerdos como parte de su plan de apertura al capital extranjero y desregulación total del Estado. El propio presidente mencionó en entrevistas su admiración por Israel como modelo de gestión y defensa de «la propiedad privada».
Estos convenios no son neutros. En un contexto donde el agua es escasa, finita y cada vez más disputada, permitir que una empresa denunciada internacionalmente por usarla como arma política acceda a nuestros territorios implica mucho más que un acuerdo técnico. Implica legitimar un modelo donde el acceso al agua depende del mercado, de la logística y del poder militar. Implica, además, naturalizar la presencia de una empresa que ha sido instrumento de ocupación y apartheid, sin que medie evaluación alguna sobre su historial.
Pero también implica aceptar una forma de colonialismo moderno: tecnología a cambio de soberanía, eficiencia a cambio de derechos. Porque en esos convenios no solo se cede gestión; se cede información sensible, datos geológicos, control sobre acuíferos y la posibilidad de demandar al Estado argentino ante tribunales internacionales si alguna medida futura afecta sus intereses.

Las resistencias: organizaciones que alzan la voz
Frente a este avance silencioso, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos han comenzado a denunciar la presencia de Mekorot. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ATE-CTA, la comunidad palestina en Argentina, Stop the Wall y Agua para los Pueblos han emitido comunicados exigiendo la cancelación de los convenios y alertando sobre la implicancia ética y política de asociarse con una empresa acusada de crímenes internacionales.
Algunas provincias, como Neuquén (Rolando Figueroa, MPN) y Chubut (Ignacio Torres, PRO), han dado marcha atrás con los acuerdos o los han frenado tras las críticas. En Mendoza, organizaciones como el Movimiento en Defensa del Agua y los Bienes Comunes realizaron movilizaciones denunciando la entrega del recurso a «una empresa colonialista».

Un espejo roto entre dos mundos
Decía Almudena Grandes que «hay historias que solo se entienden cuando se miran desde el dolor ajeno». Y el agua, que para algunos fluye con normalidad, para otros se corta a voluntad, se contamina, se compra, se raciona. Mekorot es hoy un espejo de esa desigualdad, una empresa estatal que personifica el apartheid en Palestina y el avance del capital transnacional sobre los bienes comunes en el sur global.
Aceptar su presencia en nuestro país sin debate público, sin evaluación de impacto ni consulta a los pueblos, es una forma de complicidad. Porque si en Palestina Mekorot fue una herramienta de ocupación, en Argentina puede serlo de extractivismo encubierto. Y el agua, lo sabemos, no es una mercancía más: es la vida misma.
La pregunta que queda flotando es: ¿permitiremos que el modelo del apartheid del agua se replique en nuestros territorios?