El Mercado regula / La Salud Mental gasta

por Marina Caivano

El conflicto puntual con el Hospital Bonaparte comenzó el 4 de octubre del 2024, cuando el Ministerio de Salud anunció que “se inició el plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte”, con cierre de salas de internaciones y guardias. Ahí, comenzaron las denuncias de trabajadores y trabajadoras ante la amenaza de cerrar la institución que, a esa altura del año, había atendido a más de 25 mil personas – según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE NACIONAL).

Pero el conflicto con las instituciones de salud mental viene de antes. También el debate alrededor de qué políticas públicas necesita el sector. La psicoanalista feminista Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo y militante de la Salud en su función social, fue emblema de movimientos de derechos humanos. Según la periodista Marta Dillon, “Laura formó parte de una experiencia pionera en la atención y el fortalecimiento de la salud mental de las mujeres de clases populares que asistían al Hospital Evita, el Policlínico de Lanús”.

Laura Bonaparte sufrió la desaparición de tres hijos y un marido; se exilió y colaboró con refugiados en El Salvador y Guatemala. Luego, viajó a El Líbano para expresar su rechazo a violaciones de derechos humanos. Laura Bonaparte, ese es el nombre del hospital fundado en 1889 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Es el nombre del Hospital que, con poco presupuesto, atiende y trabaja con miles de personas que necesitan atención.

La mediatización del egoísmo

El medio Infobae (como varios otros pertenecientes a empresarios amigos del Gobierno nacional) se sumó a la artimaña política de atacar a la salud pública como un importante espacio de contención y atención, en particular de diversidades, víctimas de violencias de géneros y usuarios con consumos problemáticos. Publicó el 8 de febrero: “El interventor documentó ‘ineficiencia operativa y ociosa’ en el centro de salud mental y de adicciones”. “Sobredotación hospitalaria” —replican, acompañando directamente el discurso oficial de que los trabajadores y las trabajadoras de la salud sobran, y avalando indirectamente el despido de una nueva tanda de profesionales.

En la coyuntura política actual, quien se presenta como mayor opositor a estas políticas libertarias de desatención en salud mental es el gobierno Axel Kicillof. Su gestión heredó una provincia repleta de viejos manicomios que seguían funcionando bajo la concepción fragmentada de la atención con estigmatización, discriminación y aislamiento. “El 45% tenía, como mínimo, diez años de internación en salas de pacientes crónicos; otros superaban los veinte, treinta y hasta cuarenta años, y muchos de ellos estaban indocumentados”, declaró la subsecretaria bonaerense de Salud Mental. Con el trabajo de un Comité interministerial, encararon la “desmanicomialización”, creando cientos de Centros de Salud Mental, con viviendas y barrios, que brindan posibilidades a los usuarios de construir un futuro, con su derecho a la identidad y a pensarse como personas integradas a la sociedad y ya no aisladas o encerradas en edificios precarios de muy antiguos formatos.

El presupuesto en PBA no abunda, pero las políticas sanitarias apuntan sin duda a una transformación del sistema opuesta a lo que plantea la agenda del Gobierno Nacional.

“Un hospital con 200 profesionales menos y al que cada vez se acerca más gente”.

En enero, 200 personas fueron despedidas mediante una lista que amenaza con continuar: psicólogos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales y personal administrativo. La primera semana de febrero, la Comisión de Salud y Acción Social recibió nuevamente a trabajadores sanitarios.

Entre ellos, dio testimonio Leo Fernández Camacho, secretario general de ATE del Hospital Bonaparte. Denunció en el Congreso de la Nación Argentina que los despidos sin previo análisis institucional dejaron a los trabajadores y las trabajadoras con una institución inoperativa.  “La línea telefónica del 0800 (que es de carácter nacional y atiende demandas urgentes de todas las provincias) se vio afectada en un 40%. Alguien que intente comunicarse con la línea va a tener que saber cuándo contactarse, porque si despidieron al del viernes noche o al del sábado a la tarde, va a tener que empezar a programar las crisis en otro día”.

El compromiso del personal del hospital es con aquellos que necesitan la atención en salud mental. “Yo puedo trabajar en otro lado, pero los pacientes no tienen otro lugar”, declaró una de las psicólogas despedidas en el mes de enero.

Otros protagonistas del reclamo afirmaron que, al contrario de lo que afirman los sectores que avanzan con el vaciamiento de las instituciones de Salud Mental, se necesita aumentar el personal y el presupuesto de la atención en el Bonaparte. Se debe ampliar el acceso. que no venía satisfaciendo las necesidades, no recortarlo. Y no es solo la atención psiquiátrica la que corre riesgo. La única odontóloga que practicaba odontopediatría fue despedida, por lo que se eliminó el servicio en esa área.

“Si querés reventarte a drogas, hacelo”.

Fue una declaración del presidente Milei, justificando la reducción de presupuesto para el rubro. ¿Qué tipo de políticas públicas de prevención y atención para personas con problemas de salud mental podemos esperar de un presidente que ha dicho «Si vos te querés suicidar, no tengo problema»? Ese es un gobierno que busca rentabilizar la salud mental, que para el sentido común es la disciplina de la salud menos redituable, o debería serlo. En el afán de achicar el gasto público, intervienen, reducen un 40% de planta en un año y amenazan con un cierre definitivo. Claro, todo esto se desprende; según el discurso oficial, de las evaluaciones de las auditorías del hospital. El problema de las auditorías es que nunca van a ser favorables a los y las usuarias si lo que se evalúa es la rentabilidad.

Un Gobierno que prioriza reducir el personal de salud y no la tasa de suicidios o de consumos graves continuará su ataque sistemático a la atención de la salud mental. En las redes sociales del colectivo del Bonaparte en lucha, se encuentran a diario los testimonios de los y las profesionales de salud que siguen trabajando a pesar de estar cesantes, sin saber si cobrarán su sueldo, pero con la convicción de que “los pacientes nos necesitan”. Laburantes y despedidos afirman que se redujo el número de profesionales en el Bonaparte, pero aumentó la cantidad de pacientes.

La preocupación de muchos y muchas trabajadoras de la Salud Mental, trasciende la discusión del presupuesto. La contiene, porque justifican el vaciamiento de la motosierra, como en tantos otros rubros de las políticas públicas, con que “no hay plata”, pero el discurso del abandono a usuarios de salud pública cala hondo en la sociedad. Es preocupante que haya tantos votantes de Milei que, además de dirigir su voto basado en la promesa individual de cobrar dólares, apoyen políticas totalmente peligrosas hacia sectores en riesgo.

¿Existe la creencia entre los votantes de Milei de que la plata no destinada a un paciente con graves problemas de salud mental pueda terminar en su bolsillo? ¿Cómo logra el discurso oficial el apoyo discursivo de una sociedad a medidas tan inhumanas?

Quizás la mayor inversión simbólica de este Gobierno fue la aniquilación del concepto de otredad. El Presidente, desde los tiempos de campaña y sin disimular, busca reducir a toda costa la intervención estatal en áreas de necesidad humana, aunque esto implique poner vidas en riesgo. La comunidad alrededor de la salud pública en Buenos Aires organiza festivales, abrazos, foros, movilizaciones, con amplios sectores vecinales, profesionales, del activismo, el Estado y la salud. Esto plantea que es fundamental apoyar las consignas de cuidado a estos espacios, a sus profesionales, a sus pacientes y enfrentar el discurso individualista neoliberal que nos dice “para esto sí hay plata” y “para esto no”. En particular, cuando en la charla cotidiana surge que, en casi todas las mesas, los síndromes de ansiedad y depresión ocupan gran parte de nuestras vidas. Pero, aun así, sostener los espacios de lucha contra estos recortes es difícil.

Conclusión

Quieren insistir en que nos regula el Mercado, pero el Mercado no existe más allá de nuestras singularidades moviéndose en colectivos regidos por la precariedad, en defensa de los derechos que muy pocos en el poder defienden. Más que anunciar medidas rimbombantes agitando el capitalismo o debatir listas para las próximas elecciones, estos debates no logran mucha continuidad ni replicación en los medios masivos de información.

Y los trabajadores, activistas, pacientes que apuestan por el trabajo comunitario en salud mental demuestran todos los días con trabajo que no nos tienen que regular la salud, la vinculación con seres humanos, el lenguaje compartido, ni la solidaridad y el derecho a acceder a la salud, ni el derecho a tener derechos.