Hospital Bonaparte: la justicia interviene ante la crítica situación

Tras la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre “la afectación al derecho a la vida y a la salud”, la Justicia abrió la feria judicial para abordar la crítica situación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, que enfrenta el despido de 200 trabajadores y la intervención del Gobierno de Javier Milei.

El CELS también exige una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los equipos interdisciplinarios. «El despido de psicólogos, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales y enfermeros haría que el hospital pierda un tercio de su personal, dejando varios servicios inoperativos», señala el escrito, que añade: «Por las consecuencias que esto tiene para los usuarios del Bonaparte y su impacto en el derecho a la vida y a la salud, solicitamos una intervención judicial urgente».

En la presentación ante la Justicia, se expone la situación crítica de los servicios de guardia, internación, farmacia y atención de urgencias, lo que incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud, así como de proteger la salud de los usuarios, según lo establece la Ley de Salud Mental.

La medida cuestionada por el CELS no es un hecho aislado. Forma parte de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han resultado en el despido de aproximadamente 1400 profesionales de la salud en distintos hospitales, incluyendo el Bonaparte y el Hospital Posadas, así como en diversas áreas del Ministerio de Salud y de PAMI. Esta «reestructuración» se presenta como una solución a problemas económicos, pero las consecuencias visibles son un detrimento en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este sentido, el CELS enfatiza que “la lucha del colectivo de trabajadores detuvo en octubre el intento del Gobierno de cerrar el Bonaparte, manteniéndolo en su actual delicada situación”, tras lo cual concluye: “Para que el hospital pueda seguir operando, es crucial que el Poder Judicial evalúe el reclamo y ordene garantizar la capacidad de atención previa a la decisión estatal de ‘reestructurar’ los servicios del Bonaparte. Este nuevo ajuste del Gobierno afecta a miles de usuarios que diariamente buscan atención para su salud mental y no tienen otra opción”.

Vale recordar que el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, además de ser una institución médica; es un pilar en la atención de la salud mental en nuestro país Albergando a pacientes con distintas problemáticas, desde trastornos leves hasta condiciones severas que requieren atención especializada, el hospital ofrece servicios fundamentales para la recuperación y el bienestar de muchas personas. Sin embargo, en la actualidad, esta función se ve amenazada por los recientes despidos que han dejado a un tercio de su planta sin operativos.

Esta  drástica reducción del personal implica un impacto directo en la vida de los pacientes, muchos de los cuales dependen de tratamiento constante y accesible. La falta de atención o la dilatación de los servicios prestados pueden exacerbar los trastornos mentales, generando un círculo vicioso que lleva a situaciones de crisis aún más complejas.

La intervención judicial demandada por el CELS no solo debería ser vista como una respuesta a una crisis inmediata, sino como un paso hacia un futuro donde el derecho a la salud mental sea considerado como una prioridad inquebrantable, que trascienda a cualquier administración de gobierno, en tanto necesidad humana que merece respeto y atención.